Criminalización de salarios: La nueva estrategia del Divide y Vencerás

Editorial

Ya por bastantes días hemos visto, de parte de un sector muy bien identificado que incluye un partido político, un diputado nacional y un medio de comunicación, un esfuerzo constante para generar opiniones negativas por los montos de salario que algunos empleados públicos reciben por su trabajo.

Si bien es cierto, algunos casos específicos ameritan un tratamiento diferenciado por posibles abusos logrados por acuerdos entre los gobiernos de turno y sindicalistas. también lo es que la gran mayoría de trabajadores del sector público tiene salarios que entran dentro de los estándares ordinarios.

Muchas veces hemos escuchado a candidatos para ocupar puestos en distintos ministerios, que una de las razones por las que no aceptan tales cargos es porque su equivalente en el sector privado es más atractivo que trabajar en la función pública.

Así, un abogado de prestigio o un banquero, normalmente no acepta un cargo público porque sus ingresos se vendrían abajo, ya que lo que paga el sector público está muy por debajo de lo que recibe en el privado. Esas distorciones son muy normales en un mercado laboral exigente.

Cuando hablamos de técnicos especializados con décadas de experiencia, la institución debe mantenerles un salario competitivo pues de lo contrario, sería muy fácil que sean atraídos por ofertas en el sector privado y terminarían perdiendo funcionarios valiosos.

La pregunta que subyace en este caso es: Si los políticos y los medios involucrados en este tema conocen muy bien la verdad de las cosas… ¿Cuáles son entonces su verdaderas intenciones?

Es fácil, hasta cierto punto, valorar estas actitudes. El que sectores liberales sean quienes lideren esta guerra no declarada contra el sector privado y específicamente contra los salarios, tiene dos objetivos básicos:

1. El dividir al sector trabajador del país. El confrontar al sector de los trabajadores en un tema tan sensible como el salarial, permite que los mismos trabajadores que forman parte del sector privado, sirvan como caballo de batalla para lograr una antipatía generalizada sobre la premisa de «abusos salariales». Esa antipatía podría muy bien rendirles réditos políticos cuando llegue el momento de la discusión de la apertura de servicios públicos. Así lo lograron cuando se dio en concesión el Puerto de Caldera y así actuaron en la última concesión en el Caribe de Costa Rica, dejando a Japdeva y sus «ultra súper empleados bien pagados» con un sector de la carga mermada y beneficiando a una gran empresa transnacional como APM Terminals, la que dicho sea de paso ya ha demostrado con sus contrataciones, que no es lo que a la gente de Limón se le había ofrecido.

2. Entrar en los negocios del Estado. Con apoyo popular es más fácil impulsar la apertura de los servicios estatales como el agua, la electricidad, la salud y otros. Las personas, con el argumento de eliminar privilegios para unos pocos, estarán más que contentas y condicionadas a apoyar la apertura, aunque en el fondo el costo social será mucho más alto de lo que ellos mismos pueden comprender.

Una estrategia hábil sin duda. Han logrado la confrontación del sector de los trabajadores y han logrado dividir. El siguiente paso  será hablar de la apertura y con esta el advenimiento de grandes empresas de capital extranjero y con apoyo de grandes empresarios locales.

«Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde» reza un sabio adagio. Esperamos que no sea demasiado tarde para que l1os actores en esta confrontación se den cuenta que, de seguir cayendo como peones en este juego estratégico y político, perderemos las conquistas sociales que han hecho a Costa Rica un país muy diferente al del resto de Centroamérica.