Que el puente del río Térraba no se convierta en el triste pesebre costarricense en esta Navidad.
Los sueños de Navidad, muy de moda en estos días, están a punto de convertirse en las pesadillas de Navidad para decenas de familias campesinas de la Zona Sur.
La Jueza Lorena Montes de Oca emitió una orden de desalojar las 84 familias campesinas que viven y trabajan en la Finca Chánguina y a las que viven en el Cuadrante 3 (otro sector de la finca). Esa orden «bendice» un cuestionable acuerdo al que llegó Luis Diego Flores, abogado del Estado, con el «empresario» Óscar Echeverría Heigold.
Ordena que los terrenos sean entregados libres de cultivos y construcciones y la ejecución debe realizarse antes del viernes 25 de diciembre. O sea, arrasarán cultivos, ranchos y casas, todo para entregar esas tierras a ese «poderoso empresario», que le adeuda millones de colones al Estado, por dineros no pagados a la CCSS y al antiguo Banco Anglo. Deudas por las que responden en garantía esas fincas; lo que significa que el Estado bien podría adjudicárselas y repartirlas a esas familias, algo que han omitido hacer todos los gobiernos de turno.
Es decir, estamos en la víspera de que se cometa una gran injusticia y que el amargo regalo navideño sea la impotencia de ver perderse los cultivos ya maduros y la destrucción de los ranchos.
En estos meses hemos acompañado a la dirigencia campesina, tratando de buscar alguna salida legal. Desde inicios de la semana anterior presentamos, en coordinación con la dirigencia de la zona y los Despachos de Carlos Hernández y Patricia Mora, una solicitud de medida cautelar para que se suspendiera provisionalmente el desalojo. Pedimos que se declarara «prima facie»; es decir, ordenar la suspensión antes de darle audiencia a nadie. A la medida cautelar se le dio trámite, pero no aceptaron la suspensión inmediata. De previo dieron 3 días al Estado para que se pronunciara, plazo que se venció entre jueves y viernes de la semana pasada. Apelamos el no otorgamiento inmediato de la suspensión del desalojo y la rechazaron el viernes pasado, aduciendo que aún la cautelar estaba en trámite y que aún habría tiempo para resolver.
En principio, habiéndose cumplido el plazo de audiencias, debería resolverse eso entre hoy 22 y mañana 23 de diciembre. Urgimos entonces a ese Tribunal para que cumpla con la aspiración de todas esas familias de tener justicia pronta, cumplida y sin denegación.
Ante ese panorama en el Tribunal Contencioso, el mismo viernes pasado presentamos una solicitud cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedimos que se le ordenara al Estado costarricense que suspendiera la ejecución del desalojo. De esa gestión, a la fecha, sabemos que recibieron la solicitud, pero no han resuelto nada.
Creemos que tenemos suficientes argumentos jurídicos para que se ordene la suspensión; sin embargo, cada vez vemos menos voluntad en el Poder Judicial y en la Procuraduría General de la República para evitar el desalojo. Por más resolución judicial que sea, si promueve un tipo de injusticia de este calibre, debería haber la posibilidad de suspenderla o no ejecutarla hasta tanto no se aclaren tantas dudas que hay sobre el asunto.
Cuando entran en conflicto el Derecho y la Justicia, siempre debe optarse por la Justicia. Así debe ser en este caso.
Ayer 21 de diciembre, la Defensoría de los Habitantes presentó un Amparo, argumentando la obligación internacional que tiene Costa Rica de no hacer desalojos en días festivos o fiestas religiosas. Eso tampoco se ha resuelto aún.
En estos meses el Poder Ejecutivo no ha hecho todo lo que está a su alcance para lograr una solución definitiva a este conflicto, a pesar de muchas acciones que podrían haberse realizado.
Los compañeros y compañeras campesinas están en pie de lucha para defender sus tierras y nosotros estamos dispuestos a acompañarles en este amargo trance.
La espera es dolorosa, las horas vuelan y el momento se acerca. Hace falta mayor sensibilidad social, mayor sentido de humanismo.
¿Se convertirá el puente sobre el río Térraba, en el pesebre costarricense donde pasarán la noche del 24 estas familias?
La institucionalidad de este país tiene la palabra.
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El gobierno del cambio orto fraude más para los cuidadanos, se evidencia que hay una negociación de la procuraduría con un empresario corructo, porque deberle a la caja es robarle a los obreros y a la seguridad social. Eso también es corrupción
Este artículo salió de la página del diputado Edgardo Araya. Se vale indicar el autor o la fuente, caso contrario es plagio.
Gracias por su comentario y observación. Se publicó al ser un comunicado de prensa.