Desde hace varias semanas acudieron a mi oficina los representantes del sector de transportistas, a quienes recibí como recibo a todas las personas que me buscan para externarme preocupaciones. Estoy convencido de que mi labor como legislador pasa por escuchar a todos los sectores y luego valorar las acciones a seguir. Los argumentos dados por los empresarios en contra del modelo tarifario de transporte público, avalado por la ARESEP, me parecieron razonables. A partir de ahí me dediqué a estudiarlo y encontré que tienen razón de oponerse.
Resulta que, al modelo tarifario, a lo largo de los años le habían introducido modificaciones a lo interno de la Aresep, muchas de ellas con consecuencias muy graves para los usuarios de este servicio, otras también con consecuencias para los operadores. Pese al vehemente llamado de la Defensora de los Habitantes, de organizaciones de consumidores, de los operadores del transporte y de especialistas en la materia, en cinco oportunidades que sacaron a audiencia pública la nueva metodología, NUNCA agregaron al expediente ni dieron a conocer el modelo o estructura con sus fórmulas y hojas electrónicas, esto para que los participantes conocieran los efectos de los cambios propuestos.
Me preocupa profundamente el bolsillo de los ciudadanos, que en la nueva metodología para el cálculo de tarifas de autobús propuesta, aprobada y recurrida, contiene y arrastra muchos vicios del anterior modelo que golpean a las poblaciones usuarias de autobús. Me preocupa mucho el efecto del nuevo modelo sobre el empleo, sobre el trabajo de los choferes de bus que son de las poblaciones laborales más afectadas en términos salariales y de derechos y menos defendidas en nuestra sociedad. Por otro lado los empresarios afirman que esta metodología impediría que puedan renovar los autobuses y que promueve un monopolio del servicio.
Las reuniones que he solicitado al Regulador de la ARESEP han tenido y seguirán teniendo como única finalidad la búsqueda de un mejor modelo tarifario, que no afecte a la ciudadanía que utiliza el transporte público, ni a los trabajadores y trabajadoras del servicio.
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