Esta empresa inscrita en el año 2001 por el Ing. Malaquías Vargas Ballestero, y con cédula jurídica 3-101-302394 está siendo acusada por un grupo de trabajadores por irrespetar sus derechos laborales, ya que la misma en apariencia no les ha cancelado una suma aproximada a los ¢33,000,000.00 (Treinta y tres millones de colones) por concepto de dos semanas de salario y de horas extras.
Esta empresa ganó el contrato del Ministerio de Justicia para la construcción de los arcos modulares en el Centro de Atención Institucional (CAI) La Reforma, trabajo que sin embargo abandonó el 17 de febrero de 2016 según publicación de la Presidencia de la República.
En este comunicado, se detalla que:
«…el Ministerio de Justicia y Paz solicitó desde temprano la intervención de inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y del Instituto Nacional de Seguros para que se presentaran en el sitio, puesto que algunos trabajadores indicaron que tenían entre 15 y 22 días de no recibir salario.
El proyecto de cuatro arcos modulares en La Reforma fue adjudicado desde el 2014 bajo la figura de “contratación directa autorizada”, por ¢1.795 millones para habilitar 400 espacios para población privada de libertad. El financiamiento de la obra proviene del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.
Las obras comenzaron en octubre del 2015 cuando se emitió la orden de inicio. En el contrato, además, se estableció un plazo de entrega de las obras de 120 días naturales (cuatro meses), por lo que debía estar entregada el 8 de febrero del 2016.
No obstante, el proyecto lleva un avance de entre el 50% y 60%. El contrato establece sanciones en caso de incumplimiento contractual de hasta un 25% del valor del contrato. Hasta el momento, únicamente se ha pagado a Mavacón ¢702 millones (39,12%), dado que los giros de dinero responden al avance de la obra.
En relación con los activos, tales como maquinaria y herramientas de trabajo, se solicitó el resguardo de la Policía Penitenciaria para que nadie los sustrajera.
Por otro lado, se aclara que este proyecto no tiene relación con el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, que se financia con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Con respecto de la situación laboral de los trabajadores de Mavacón, el Ministerio de Justicia y Paz aclara que no existe una relación de subordinación con los mismos, de hecho, el contrato establece la obligación de la empresa en el tema de pólizas de riesgos de trabajo, cargas sociales, así como el pago del salario mínimo.
El Ministerio de Justicia y Paz instará a la empresa Mavacón para que cumpla con sus obligaciones con los trabajadores, siempre dentro del marco de sus competencias al no tratarse de servidores públicos, pero sí es nuestro deber ético ser vehementes en este llamado»
Empresa ya tiene mal historial
Es importante notar que esta empresa ya había actuado de igual manera en un proyecto desarrollado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)en el año 2015, en donde los empleados nuevamente debieron exigir el pago de sus derechos laborales. En este caso, fueron 12 los trabajadores los que indicaron que no recibieron salario por aproximadamente seis quincenas (ver nota periodística aquí)
Está en Cobro Administrativo con la Caja Costarricense del Seguro Social
Tal y como se aprecia en la imagen, esta empresa aparece con una deuda de 7,927,494.00 (Siete millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro colones) por concepto de CCSS y de Protección al Trabajador.
Asimismo, tiene una deuda al día de hoy de ¢1,068,678.18 (Un millón sesenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho colones con 18/100) con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Además se reporta como «Patrono Moroso» en el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) por un monto que nos fue imposible determinar, dado que la página no entrega esa información.
Quedará en manos de las autoridades laborales del Ministerio de Trabajo, así como de instituciones como la CCSS, FODESAF, IMAS , INA y otras, llevar los trámites necesarios para que esta empresa cumpla con la ley.
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