Hacienda proyecta un aumento de la deuda pública y reabre el debate sobre la sostenibilidad fiscal

Las nuevas proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda indican que la deuda del Gobierno Central volvería a aumentar, lo que marca un cambio respecto a la tendencia descendente observada en los últimos años y reabre el debate sobre las finanzas públicas del país.

De acuerdo con los documentos oficiales del Plan de Financiamiento 2026 y del Presupuesto Nacional, el Ministerio de Hacienda estima que la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB) aumentará durante el presente año, rompiendo la trayectoria de reducción que había sido destacada como uno de los principales logros de la política fiscal reciente.

La noticia ha generado diversas interpretaciones. Mientras algunos sectores consideran que el incremento evidencia un deterioro de las finanzas públicas, otros recuerdan que la deuda debe analizarse en un contexto más amplio que incluye el crecimiento económico, las tasas de interés, los vencimientos de obligaciones anteriores y las necesidades de financiamiento del Estado.

¿Por qué vuelve a crecer la deuda?

El propio Ministerio de Hacienda explica que el aumento responde principalmente a mayores necesidades de financiamiento, refinanciamiento de obligaciones previamente adquiridas y al calendario de vencimientos de deuda que enfrenta el país durante los próximos años.

En términos simples, una parte importante de los recursos que el Gobierno obtiene mediante nuevos préstamos no se destina necesariamente a financiar gasto nuevo, sino a cancelar o sustituir deudas que fueron adquiridas en años anteriores.

Especialistas en finanzas públicas han advertido desde hace varios años que Costa Rica enfrenta una elevada concentración de vencimientos en el corto y mediano plazo, lo que obliga a cada administración a refinanciar importantes montos de deuda.

¿Tiene responsabilidad el gobierno anterior?

Responder a esa pregunta requiere distinguir entre responsabilidades estructurales y decisiones de cada administración.

El gobierno de Rodrigo Chaves recibió una deuda pública elevada, producto de varios años consecutivos de déficits fiscales acumulados antes de 2022. Esa situación fue consecuencia de desequilibrios fiscales que se desarrollaron durante distintas administraciones y que se agravaron con la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Por su parte, la administración de Carlos Alvarado impulsó la aprobación de la reforma fiscal de 2018, negoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aplicó medidas de contención del gasto que contribuyeron a estabilizar las finanzas públicas, aunque dejó una deuda pública cercana al 63 % del PIB al concluir su mandato. Esa deuda también reflejaba el fuerte impacto económico de la pandemia y la caída de los ingresos del Estado durante esos años.

En consecuencia, sería impreciso atribuir el aumento proyectado de la deuda exclusivamente al gobierno anterior. Una parte importante corresponde a obligaciones heredadas, pero otra depende de las decisiones de financiamiento, emisión de deuda, crecimiento económico y ejecución presupuestaria adoptadas por la administración actual.

También existen responsabilidades del gobierno actual

Del mismo modo, las proyecciones para 2026 son elaboradas por la administración vigente y reflejan sus propias decisiones de política fiscal.

El Gobierno actual ha optado por continuar recurriendo tanto al financiamiento interno como externo para cubrir necesidades de caja y refinanciar vencimientos, estrategia que el Ministerio de Hacienda sostiene busca reducir la presión sobre el mercado financiero nacional y mejorar el perfil de la deuda.

Por ello, si durante los próximos años la deuda aumenta por encima de lo proyectado o las condiciones fiscales empeoran, parte de la responsabilidad recaerá también sobre las decisiones adoptadas por la administración actual.

Un problema que trasciende los gobiernos

Diversos economistas coinciden en que el endeudamiento público costarricense no puede analizarse únicamente desde una perspectiva política.

Entre los factores que han contribuido al crecimiento de la deuda durante los últimos quince años destacan:

• déficits fiscales acumulados durante varias administraciones;
• crecimiento del pago de intereses;
• incremento del gasto obligatorio establecido por ley;
• impacto económico de la pandemia;
• concentración de vencimientos que obliga al refinanciamiento constante;
• desaceleraciones en la recaudación tributaria.

Todos estos elementos hacen que cada gobierno herede obligaciones significativas de sus predecesores y, al mismo tiempo, deje compromisos financieros para la siguiente administración.

El verdadero desafío

Más allá del debate político, la principal preocupación es evitar que el servicio de la deuda continúe absorbiendo una proporción creciente de los ingresos públicos.

Cuando aumenta el pago de intereses, disminuyen los recursos disponibles para infraestructura, seguridad, educación, salud y programas sociales.

Por ello, expertos consideran que el reto para cualquier gobierno será mantener la disciplina fiscal, promover el crecimiento económico y administrar el refinanciamiento de la deuda sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Las nuevas proyecciones de Hacienda constituyen una advertencia de que la reducción de la deuda no está garantizada y que el país deberá enfrentar en los próximos años importantes desafíos para evitar que el endeudamiento vuelva a convertirse en uno de los principales riesgos para la economía nacional.