Sindicatos y pacientes cuestionan calificativo de «ticos con corona» utilizado para referirse a quienes reclaman atención médica
Las declaraciones de Marta Esquivel sobre los pacientes que recurren a la Sala Constitucional para exigir atención médica han generado una fuerte reacción entre sindicatos, usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y diversos sectores de la opinión pública.
La polémica surgió luego de que Esquivel utilizara la expresión «ticos con corona» para referirse a las personas que presentan recursos de amparo con el objetivo de obtener consultas, cirugías, medicamentos o procedimientos médicos que consideran urgentes. Sus palabras provocaron cuestionamientos inmediatos, especialmente entre quienes sostienen que acudir a la Sala Constitucional no constituye un privilegio, sino el ejercicio de un derecho fundamental cuando el sistema de salud no responde oportunamente.
La respuesta más contundente provino de organizaciones sindicales ligadas a la CCSS, que rechazaron la caracterización realizada por la jerarca. Según señalaron, los pacientes que presentan recursos ante la Sala Constitucional suelen ser personas que enfrentan largas listas de espera o situaciones médicas que requieren atención urgente y que, tras agotar las vías ordinarias, encuentran en la justicia constitucional su última alternativa.
Para estos sectores, la expresión utilizada resulta especialmente sensible debido a que miles de costarricenses esperan durante meses e incluso años por una cita con especialista, una cirugía o un examen diagnóstico. En ese contexto, consideran que presentar un recurso de amparo no representa un trato preferencial, sino una herramienta legal para proteger el derecho a la salud consagrado en la Constitución.
La controversia también ha puesto sobre la mesa el debate sobre el creciente número de recursos relacionados con la atención médica. Mientras algunos sectores argumentan que las resoluciones de la Sala Constitucional alteran la planificación institucional y obligan a reasignar recursos, otros sostienen que la verdadera causa del problema radica en la incapacidad del sistema para brindar atención oportuna a todos los asegurados.
Diversos analistas han señalado que el aumento de recursos de amparo en materia de salud es, en muchos casos, un síntoma de las dificultades estructurales que enfrenta la CCSS. Las listas de espera, la escasez de especialistas, las limitaciones presupuestarias y los problemas de gestión continúan siendo temas recurrentes en la discusión pública.
Los críticos de las declaraciones de Esquivel recuerdan además que la Sala Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia reconociendo que el acceso oportuno a los servicios de salud forma parte de los derechos fundamentales de la población. Bajo esa interpretación, cuando una persona recurre a la vía constitucional para obtener una cirugía o un medicamento, no está solicitando un privilegio, sino reclamando la protección efectiva de un derecho.
La controversia ha reavivado una discusión que trasciende las palabras utilizadas por una funcionaria pública. En el fondo, el debate gira en torno a una pregunta esencial: ¿debería un costarricense verse obligado a acudir a los tribunales para recibir atención médica en tiempo razonable?
Mientras las listas de espera continúan afectando a miles de pacientes, la respuesta a esa interrogante sigue siendo uno de los principales desafíos para el sistema de salud costarricense.
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