Decenas de patrullas, motocicletas policiales y otros vehículos estatales permanecen fuera de servicio durante meses debido a atrasos en la entrega de repuestos tramitados mediante pólizas del Instituto Nacional de Seguros (INS), una situación que está generando preocupación por sus efectos sobre la seguridad ciudadana.
La problemática no solo afecta a los cuerpos policiales. Vehículos del Ministerio de Agricultura, la Universidad de Costa Rica y otras instituciones públicas también permanecen inmovilizados a la espera de piezas necesarias para completar sus reparaciones. Sin embargo, cuando las unidades afectadas son patrullas o motocicletas policiales, las consecuencias trascienden el ámbito administrativo y terminan impactando directamente la capacidad del Estado para combatir la delincuencia.
Propietarios de talleres del Valle Central denuncian que algunos vehículos acumulan entre seis meses y un año esperando repuestos. Según afirman, existen casos en que entre 30 y 40 automotores permanecen detenidos únicamente por la falta de piezas, pese a que las reparaciones ya fueron valoradas y autorizadas.
Los empresarios aseguran que el problema comenzó a agravarse desde finales de 2025, cuando el proceso de cotización y gestión de repuestos pasó a ser asumido directamente por el INS. Antes, explican, más de 200 talleres autorizados participaban en la valoración de daños y adquisición de piezas, permitiendo que la mayoría de reparaciones se completaran en un plazo de uno a dos meses.
Hoy, sostienen, los tiempos se han multiplicado.
“Antes una reparación podía durar cerca de un mes. Ahora lo mínimo son cuatro o cinco meses y hay casos que superan los seis meses”, indicó uno de los propietarios consultados bajo condición de anonimato.
La consecuencia más visible es una creciente cantidad de vehículos públicos estacionados en talleres y bodegas mientras esperan repuestos que no llegan. Pero el problema más preocupante podría encontrarse fuera de esos talleres: cada patrulla detenida representa menos presencia policial en carreteras, barrios y comunidades.
Mientras los trámites avanzan lentamente, los grupos criminales encuentran una ventaja evidente. Menos vehículos operativos significan menos capacidad de respuesta ante emergencias, menor cobertura de patrullaje y una reducción en la capacidad preventiva de las fuerzas de seguridad.
Los dueños de talleres también denuncian pérdidas económicas importantes. Mantener grandes cantidades de vehículos inmovilizados durante meses implica alquilar terrenos o bodegas cuyos costos pueden superar los ¢2 millones mensuales, sin recibir ningún beneficio adicional por ello.
“Es un gasto muy significativo porque tenemos que alquilar estos predios o bodegas solo para mantener vehículos parados por falta de repuestos”, señaló otro empresario.
La acumulación de automotores ha obligado incluso a algunos talleres a solicitar a los propietarios que retiren sus vehículos después del avalúo, debido a la falta de espacio para almacenarlos durante períodos tan prolongados.
A esto se suman presuntos atrasos en los pagos que, según los afectados, superan los dos meses, generando una presión adicional sobre las finanzas de los negocios involucrados.
Más allá de las dificultades económicas para los talleres, el problema pone sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿cuánto puede permitirse el país mantener fuera de circulación vehículos policiales indispensables para la seguridad pública?
Mientras las patrullas esperan repuestos y los procesos administrativos avanzan lentamente, quienes terminan obteniendo una ventaja inmediata son las organizaciones criminales, que enfrentan una menor capacidad operativa por parte de las autoridades.
Por su parte, el INS indicó que el proceso de reparación depende de múltiples factores externos al Instituto, entre ellos la disponibilidad de repuestos en el mercado, los tiempos de importación y las condiciones logísticas y de distribución.
Sin embargo, para los talleres y sectores preocupados por la seguridad ciudadana, el resultado final sigue siendo el mismo: vehículos policiales inmovilizados durante meses, menor presencia de las autoridades en las calles y una creciente sensación de que la burocracia está ganando la carrera contra la capacidad de respuesta del Estado.
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